Un reciente libro (Juan
Cruz Alli Aranguren y Joaquin Gortari Unanua, La
transición política en Navarra, 1979-1982,
Pamplona, Gobierno de Navarra, 2011, 2 volúmenes) ha supuesto una
resurrección inesperada del asunto FASA, más de treinta años
después del mismo, en cuanto que el segundo de los autores realiza
un prolijo y exhaustivo análisis del mismo desde un prisma
jurídicoadministrativo, reconstruyéndose asimismo sus consecuencias
tanto en la esfera de lo político a través de las actas de las
sesiones de la Diputación y de los debates en el Parlamento Foral
como en la esfera de lo jurídico por medio de los recursos y
sentencias dimanadas del mismo. Por más que nadie se haya hecho eco
del tema, en una actitud de silenciamiento inexplicable, creemos que por su entidad merece una cierta atención, por lo que en
varias entradas de este blog nos centraremos en él.
No hace falta subrayar el
carácter cualificado de Joaquin Gortari Unanua como testigo directo
de parte de los hechos estudiados. Entre 1964 y 1978 trabajó en la
Dirección de Industria de la Diputación en el Programa de Promoción
Industrial, ocupando sucesivamente los puestos de administrativo,
Letrado y Subdirector y compatibilizando sus funciones en la
Administración Pública con el ejercicio de la abogacía y con los
cargos de consejero y secretario de varias empresas industriales de
las que fue promotor. En marzo de 1978 fue nombrado secretario
general de la Diputación, cesando a partir de entonces todas sus
actividades profesionales privadas para dedicarse íntegramente al
ejercicio de su cargo. Participó en las negociaciones con el Estado
que culminaron en el Real Decreto de 26 de enero de 1979 y fue
Secretario de Actas de la Comisión designada por la Diputación para
negociar con el Estado el pacto de Reintegración y Amejoramiento del
Régimen Foral de Navarra que daría lugar finalmente a la Ley
Orgánica del mismo nombre de 10 de agosto de 1982. A partir de la
entrada en vigor de esta ley y de la instauración del nuevo sistema
institucional de Navarra pasó a ser Secretario General de
Presidencia con el nivel orgánico de Dirección General y adscrito
al Departamento de Presidencia. Aunque en los gabinetes del
presidente Alli (1991-1995) y del presidente Sanz entre 1996 y 2001
ejercería también la secretaría del gobierno, estando presente en
las sesiones del Consejo de Gobierno, no desarrollaría esas últimas
funciones en las presidencias de Urralburu (1984-1991) y de Otano
(1995-1996). A pesar de que en 1991 fue admitido como militante de
UPN, al poco tiempo de su ingreso se daría de baja con el fin de
mantener la apariencia de independencia de su cargo ante la opinión
pública. En 1984 fue designado asimismo componente de la primera
Junta de Cooperación conformada para la resolución de conflictos
del Gobierno de Navarra con el Estado, así como de varias Juntas de
Transferencias centradas en la cuestión de las competencias a
transferir a Navarra. En aquel mismo año fue designado por el primer
gobierno Urralburu miembro de SODENA (Sociedad de Desarrollo de
Navarra) en donde sería elegido secretario. Además de ser consejero
de la Caja de Ahorros de Navarra durante algunos años, también
sería consejero de la sociedad Navarra 92. En cuanto a su faceta
publicística, además de autor de un libro titulado La transición
política en Navarra, 1976-1978 (Pamplona, Gobierno de Navarra,
1995) y que constituye una primera parte de la monografía objeto de
comentario en esta reseña, es coautor de Navarra y el
nacionalismo vasco: ensayo histórico-político sobre las señas de
identidad originaria del Viejo Reino, publicado con José Manuel
Azcona Pastor (Madrid, Biblioteca Nueva, 2001) y de un artículo con
reflexiones acerca de la obra de Oroz Zabaleta editado en la revista
Azpilicueta. Cuadernos de Derecho en 1986. También ha
colaborado en prensa.
Gortari Unanua denomina
el caso FASA como “aquel suceso jurídico-político-mediático, que
convulsionó la vida pública de Navarra e influyó poderosamente en
su vida institucional durante los años 1979 a 1982”. Preguntándose
sobre la utilidad o conveniencia de tratar aquel asunto, enjuicia que
los pueblos tienen que asumir y recordar las “páginas negras” de
su historia y señala que “algunos recuerdan todavía la gran
polémica que suscitó, pero nadie ha analizado en asunto en su
conjunto”. La sobreabundancia de información publicada en la
prensa y la utilización partidista del caso, derivadas de la
cuestión Navarra-Euskadi y de las querellas internas de la UCD,
habrían hecho que los árboles no dejaran ver el bosque ni a los
informadores ni a los agentes políticos y sociales ni a los
ciudadanos de Navarra. En su opinión, “siendo el factor
desencadenante del <<caso>> una cuestión meramente
jurídica y administrativa, se desbordaron innecesariamente los
límites de ese ámbito y se desató una guerra política y mediática
de imprevisibles consecuencias, en la que todos los agentes políticos
y sociales de Navarra se vieron involucrados”.
Ponderando positivamente
su capacidad de análisis del asunto en cuanto que “abordar todo lo
acontecido con rigor histórico y científico, pese a los riesgos que
comporta la referencia a conductas personales” es una “cuestión
siempre muy delicada, a menos que, quien analice, detalle y exponga,
sea un testigo presencial de muchos de los acontecimientos que se
produjeron” lo que “ha sido nuestro caso”, discierne en su
exposición “dos grandes ejes principales, uno, el proceso
administrativo de concesión y ejecución de las ayudas
extraordinarias articuladas por la Diputación Foral de Navarra (DFN)
y la Caja de Ahorros de Navarra (CAN) a favor de la empresa
Fundiciones de Alsasua, S. A. (FASA), que definimos como el origen y
la causa; y otro, la innecesaria y encarnizada vorágine política
que se instrumentalizó deliberadamente, propiciando un grave
deterioro institucional en Navarra, que fue el efecto”. Por efecto
del asunto FASA, la Hacienda de Navarra “padeció un perjuicio
económico de 81 millones de pesetas”, cifra equivalente en la
actualidad según la evolución del IPC a unos 3 millones de euros,
llevando aparejado ese importante daño sufrido por las arcas forales
“el beneficio injustificado de determinados intereses particulares,
nada confesados”.
Previamente a su estudio
de esas dos cuestiones primordiales, Gortari Unanua proporciona
algunas informaciones relevantes sobre el proceso de elección de
Jaime Ignacio del Burgo Tajadura como Presidente de la Diputación
Foral de Navarra en 1979 y sobre la estructura y la forma de
funcionamiento de la Caja de Ahorros de Navarra.
Sobre lo primero,
recuerda que en la UCD, el partido de del Burgo Tajadura, que
esperaba haber copado prácticamente, con seis miembros, aquella
Diputación elegida por merindades con arreglo al Real Decreto
Decreto-Ley 121/1979 de 26 de enero sobre elecciones locales y
ordenación de las instituciones forales de Navarra, obteniendo
finalmente sólo cuatro (los otros correspondían respectivamente
al PSOE, a Herri Batasuna y a la agrupación Orhi-Mendi de la
merindad de Sangüesa), hubo disensiones a la hora de la aceptación
de que fuera aquél el candidato a presidir la Diputación. Además
de los apoyos suscitados por Ángel Lasunción en la UCD nacional,
Arza fue animado a postularse por personalidades tan diferentes como
José Javier Uranga Santesteban, Ollarra, director de Diario
de Navarra, y por Carlos Garaikoetxea, presidente del EBB del PNV
desde 1977 y lehendakari de la CAV a partir de 1980.
Por su parte, en relación
con la entidad crediticia dependiente de la Diputación, Gortari
Unanua recuerda que la presidía el mismo del Burgo Tajadura en su
calidad de presidente de la corporación foral, que el
director-gerente era Juan Luis Uranga Santesteban (hermano del
director de Diario de Navarra) por designación de la
Diputación, que formaban parte del Consejo de Administración los
demás diputados forales, y que los demás miembros del mismo también
eran nombrados por aquélla. En el juego de interdependencias entre
la Diputación y la CAN, Gortari apunta que se producía una cierta
asimetría y unas ciertas disfuncionalidades: mientras que aquélla
siempre buscaba favorecer a ésta, la entidad a través de su
director-gerente no se privaba de defender sus propios intereses
frente a los diputados forales que poseían la mayoría en el
Consejo. Aquellas deficiencias serían la causa última de la
ausencia de críticas y de la no exigencia de responsabilidades por
parte de los diputados a los responsables de la CAN en el asunto
FASA.
Gortari Unanua nos
introduce en algunas cuestiones interiores del asunto FASA. El
consejero delegado de Fundiciones de Alsasua Sociedad Anónima (FASA)
era el exdiputado foral Ignacio Irazoqui Araníbar quien, al cesar en
el año 1978 en aquella condición y, por tanto, de la de consejero
de la CAN, “dedicó toda su actividad personal a la Empresa de la
que había adquirido una participación importante en el capital”.
FASA había estado en los
años anteriores “permanentemente aquejada de problemas económicos
y la Diputación Foral le ayudó, reiteradamente, a solventarlos”
con ayudas, a la par que la CAN le concedía créditos, avalados
éstos por los consejeros de la empresa. Por su parte, antes de haber
sido elegido diputado foral, Jaime Ignacio del Burgo Tajadura fue
consejero de FASA, con funciones de secretario y asesor jurídico del
Consejo y era accionista con un pequeño número de acciones que le
habrían sido entregadas por su trabajo de asesoramiento,
participando en los avales solidarios de los consejeros de la
empresa. Previamente a su elección como presidente de la Diputación,
dimitió de su puesto de consejero y secretario de FASA y vendió sus
acciones a Irazoqui por una peseta, permaneciendo como avalista
solidario hasta que los créditos avalados se cancelaran.
No obstante, de forma llamativa, Gortari Unanua, que por sus años en
la Dirección de Industria de la Diputación deberá disponer de
información al respecto, no proporciona todos los datos acerca de la
cuestión. En la información que daba el diario El País el26 de febrero de 1980 acerca del asunto FASA se narraban otros
extremos producidos con anterioridad. Así, se mencionaba en primer
lugar una primera escritura de afianzamiento suscrita el 27 de abril
de 1977 por los ocho consejeros de la sociedad, entre ellos, según
se dice, del Burgo, por la que se comprometían solidariamente entre
ellos, de forma que podían ser demandados todos y cada uno de los
fiadores y se obligaban a favor de la Diputación Foral de Navarra,
respondiendo de esta forma a un anticipo sin interés de 10.214.000
pesetas concedido por la Diputación a FASA a reintegrar a siete
años, los dos primeros sin amortización (pero que conllevaban que
FASA debería haber devuelto a la Diputación de Navarra al cumplirse
los tres años una quinta parte), recibidos por la empresa el 11 de
noviembre de 1976 para paliar sus problemas de tesorería por lo que
había acudido a la Diputación de Navarra para acogerse al plan de
promoción industrial y obtener asimismo beneficios fiscales, así
como una subvención de 10.214.000 pesetas, además de aquel anticipo
de la misma cantidad. En segundo lugar, se citaba un acuerdo de la
Diputación de 30 de noviembre de 1978 por el que, ante la petición
de ayuda por parte de FASA para no dejar en la calle a 230
trabajadores de la empresa, se acordaba concederle una subvención de
50 millones de pesetas, 30 de ellos entregados de forma inmediata, a
fondo perdido en su casi totalidad, ya que la empresa no debía
devolver mas que quince millones de pesetas, cuando hubiera aliviado
la situación de su tesorería. En tercer lugar, se daba cuenta de la
formalización de un crédito por parte de los miembros del consejo
de administración de FASA con la Caja de Ahorros de Navarra por un
importe de 40 millones de pesetas y vencimiento a un año el 31 de
agosto de 1978. En ese documento figuraban como consejeros Ignacio
Irazoqui (en aquella fecha todavía diputado foral y miembro como tal
del consejo de administración de la Caja de Ahorros de Navarra),
Francisco Lizarza, José Marquina, Antonio García Munté, Juan
Sánchez Rodríguez, Juan Rozón, Jaime Ignacio del Burgo y Martín
Arregui, todos los cuales firmaron un documento de aval por el que se
comprometíann a «garantizar la obligación contraída por FASA en
este documento, constituyéndose en fiadores obligados solidariamente
al pago, con renuncia expresa al beneficio de excusión, mientras no
quede cancelada totalmente la obligación ... ». El crédito tenía
como fecha de vencimiento del 26 de julio de 1979. Fue tras la
recepción de este último crédito y en la medida en que proseguían
los “serios problemas, debidos, en parte, a una mala gestión” de
la empresa que “en los últimos tres años (...) había conocido
cinco gerentes distintos” que “el consejero-delegado de FASA,
Ignacio Irazoqui, persona que está luchando por la supervivencia de
FASA arriesgando su fortuna personal, se dirige de nuevo a la
Diputación Foral de Navarra, presidida por Jaime Ignacio del Burgo
desde el 24 de abril de 1979, para solicitar una nueva ayuda
económica de la Corporación”. Esa solicitud daría lugar al
asunto FASA como tal.
Por otra parte, tampoco
explica Gortari Unanua por qué motivo y cómo Irazoqui, que no era
precisamente un empresario experto para afrontar tales retos, entró
en el capital accionarial, con una participación importante además,
de una empresa con fortísimos problemas, a causa sobre todo de la
reducción de su cuota de mercado por problemas de competitividad a
causa de una política inversora deficiente del accionariado frente a
otras empresas del sector como Roca y otras empresas extranjeras, ni
tampoco da datos de la presencia del mencionado exdiputado en el
consejo de administración de alguna otra sociedad del mismo sector.
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