miércoles, 13 de septiembre de 2017

JAVIER GARCÍA-LARRACHE. UN AMIGO QUE SE HA IDO.



Ayer falleció en Baiona Javier García-Larrache, una persona ciertamente querida.  

Conocí a Javier a mediados de los años ochenta cuando me permitió ver algunos documentos de su archivo familiar sobre la ferrería Olandia y ahondé en su amistad en los años siguientes. 

También en los años ochenta Javier protagonizó un acto que es preciso recordar. Cedió al Archivo General de Navarra la documentación del Consejo de Navarra, la entidad formada por la legalidad republicana en el exilio de Baiona, que él custodiaba como heredero de su padre, Rufino García Larrache, uno de los miembros más destacados de aquel. La consulta de esa documentación es imprescindible para la reconstrucción del exilio republicano navarro.

A principios de 2006, cuando se cumplían los cincuenta años del fallecimiento de su padre, Rufino García Larrache, desde Bidasoa Ikerketa Zentroa/Centro de Estudios Bidasoa le animamos a escribir la biografía de su progenitor. Javier aceptó el reto y a los pocos meses nos remitió el primer original. Finalmente el libro saldría en 2007 en la editorial Pamiela con el título de García Larrache. Un republicano navarro euskaldún (Pamplona 1889-Bayona 1956)

En ese libro yo elaboré un largo prólogo con la intención de explicar al público la ingente labor de Rufino García Larrache y de Constantino Salinas y de David Jaime, compañeros suyos en la primera comisión gestora de la Diputación de la época republicana, a favor del Estatuto Vasco-Navarro durante los meses que mediaron entre diciembre de 1931, fecha esta en que el PNV aceptó la legalidad republicana y el gobierno republicanosocialista de Madrid se advino a impulsar el proceso autonómico de Vascongadas y Navarra en el marco de la Constitución de 1931, y el 19 de junio de 1932, fecha esta de la Asamblea de Pamplona en la que, como es sabido, los ayuntamientos navarros se descolgaron del proceso por la conjunción de los munícipes tradicionalistas y de los munícipes izquierdistas contrarios a aquel marco políticoinstitucional común. 

Rufino García Larrache fue miembro de la comisión redactora del proyecto estatutario y acudió en diversas ocasiones a defenderlo a la Ribera, el escenario más adverso al mismo, explicando que dicha zona sería directamente beneficiada gracias a la inclusión de diversas reivindicaciones agraristas de la UGT en el articulado de aquel. El proyecto de Estatuto Vasco-Navarro era fruto de la coparticipación de diferentes, unos en pro de la republicanización de nuestra tierra y otros en pro de dotarla de la mayor capacidad de autogobierno de acuerdo con unas pautas modernas y dentro de un escenario de una constitución progresista en el plano social y en el plano territorial. De haber salido adelante, no habría habido guerra civil. De haber salido adelante, contaríamos con un país establecido desde hacía ochenta años, sin duda mucho más cohesionado e incontestado.

En la presentación de aquel libro, en junio de 2007, Javier se emocionó al recordar la memoria de su padre. No sería la única vez que fui testigo de una situación así. En noviembre de 2015, cuando presenté Sin Piedad en Bera, Javier, cogido de la mano de Francine, sucumbió a mi mención a los intensos sufrimientos y al exterminio padecido por los republicanos de izquierda navarros. Un año después, en el acto de entrega de los Premios Euskadi en el Museo de San Telmo Javier no dejó de estar presente, igual que yo tampoco dejé de mencionar a su padre y a sus compañeros y a sus esfuerzos por la implantación de una justicia restaurativa en los años cuarenta y por una Navarra libre y democrática.

En la lucha contra el olvido la memoria de Javier era una poderosa herramienta de ayuda. Durante los últimos años, cuando en mis investigaciones me surgía alguna duda en relación con algunas personas, acudía a él y así en muchas ocasiones establecí conexiones que solamente personas como él podían realizar. A veces las relaciones eran sorprendentes: como en el caso de la persistencia de las relaciones de los republicanos en el exilio con los contrabandistas baztaneses incluso en los años carenta.

Siempre permanecerán en mi recuerdo aquellas conversaciones en su casa de Iratzokiberekoborda, en el barrio de Kaule, en las faldas de Larrun, el monte desde el que mejor se contempla la continuidad, y la discontinuidad, de nuestra tierra. En ellas Javier se conjugaba como la encrucijada qaue él en sí era: aunaba el profundo amor a Navarra y a Euskal Herria con un no menos hondo sentimiento por el país del Bidasoa, todo ello tamizado con el sentido de la educación, el civismo, la seriedad y el humor que le había proporcionado el exilio baionés. 

Descansa en paz, amigo.

martes, 12 de septiembre de 2017

ALBERTO OFICIALDEGUI NÚÑEZ, FOTÓGRAFO AFICIONADO Y CONFESOR Y RECEPTOR DE ÚLTIMAS VOLUNTADES.



Desde el mes de junio ha podido contemplarse en el Archivo de Navarra una selección de fotografías de comienzos del siglo XX de Alberto Oficialdegui Núñez, fotógrafo aficionado y sacerdote de Unzué e Ibero. Las instantáneas recogen temas habituales en su producción como paisajes navarros, medios de transporte, escuelas rurales y retratos individuales y colectivos. 

Alberto Oficialdegui Núñez nació en Artajona en 1872. Tras recibir las órdenes sacerdotales ejerció su apostolado en diversas parroquias navarras. Entre 1897 y 1900 fue ecónomo de la parroquia de Ostiz; entre 1900 y 1901 de las de Arzoz y Viguria; de 1901 a 1920 fue párroco de Unzué; y finalmente de Ibero desde 1920 hasta su fallecimiento en 1941.

Además de por su afición a la fotografía Alberto Oficialdegui tiene su lugar en la historia como confesor de izquierdistas y nacionalistas en sus últimos momentos antes de ser fusilados. En su archivo parroquial optó por la máxima reserva al hablar de las ejecuciones sumarias de las que habría sido testigo, limitándose a incluir en el libro de defunciones una “Nota curiosa” que decía que en 1937 “fueron fusiladas en el término y punto de las Tres Cruces en distintos días treinta y cinco personas … y allí mismo fueron sepultadas, al parecer por sus ideas izquierdistas y por las autoridades militares que los consideraron como dignos de muerte” (Ángel García-Sanz Marcotegui, Los “obreros conscientes” navarros. Gregorio Angulo (1869-1937), Pamplona, Fundación Juan Jose Gorricho/UGT, 1999, p. 289). Como es obvio, al igual que otros sacerdotes que llevaron a cabo cometidos similares, podía haberse preocupado por suministrar más informaciones de cara a la localización de fosas comunes para que los deudos de los asesinados pudieran exhumar sus restos y darles cristiana sepultura. Algo que, más de ochenta años después, sigue siendo imposible para muchas familias. La última ocasión en la que eso se ha tristemente corroborrado ha sido hace dos semanas en una fosa de Zizur que, por lo visto, habría sido destrozada, como muchas otras, en los años setenta.

Con todo, a pesar de las terminantes órdenes en contra hay testimonios de que remitió cartas a familiares de algunos a los que asistió.

Así, tal y como documentó Juan de Iturralde (El catolicismo y la Cruzada de Franco. Su carácter inicial, Ligugé (Vienne), Editorial Egui Indarra, 1966, pp. 180-181) la esposa del nacionalista Eladio Cilveti recibió una carta de Oficialdegui sobre la muerte de aquel fechada en 19 de enero de 1937. La carta dice que el 16 de enero unos militares le llevaron a Cilveti a su confesionario para que se confesara con él:

«Estaba el pobre agitadísimo y protestaba de que sin formación de causa y sólo por ser nacionalista se le quitara la vida. Me rogó hiciera yo lo que pudiera para libertarlo. Me dio una pena grandísima, pero son casos en que no se puede hacer nada».

Cilveti le dio las señas de su domicilio para que le diera personalmente a la mujer noticias de la confesión y de la muerte, viajando para ello a Pamplona, y para que le entregara el anillo y el dinero que tenía. Los guardias no consintieron la entrega ni del anillo ni del dinero. También le pidió que le dijera a la mujer «que si mucho la he querido siempre, ahora la quiero más que nunca». También le encargó que quería que su cadáver «fuera llevado a Pamplona, trasladando los restos de su sepultura provisional». Oficialdegui añadía que aunque no sabía dónde lo habían fusilado, un feligrés le dijo que estaba sepultado en Elío y que ya le proporcionaría más detalles cuando le visitara en su domicilio. Por último, añadía también una coletilla ciertamente expresiva del silenciamiento impuesto en relación con la información a proporcionar por parte de los curas sobre los asesinatos:

«Le mando aparte mi dirección porque se ignore por ahora, ya que nos está prohibido por ahora escribir a las familias de los fusilados, pues quieren llevar estos actos con todo secreto. Pero como los encargos hechos a la hora de la muerte son tan sagrados, por eso los cumplo». 

Eladio Cilveti está de actualidad porque recientemente el ayuntamiento de Pamplona ha decidido dar su nombre a una calle adyacente al estadio de El Sadar por haber sido aquel uno de los fundadores del Club Atlético Osasuna.

También la hija de Gregorio Angulo, el Pablo Iglesias navarro, recibió una carta del citado párroco de Ibero. Angulo fue asesinado el 2 de junio de 1937 en Ibero, siendo enterrado en el término de las Tres Cruces de dicha localidad. Sus restos serían identificados en noviembre de 2016 en una exhumación llevada a cabo por la Sociedad Aranzadi, junto con los de otras seis personas, entre ellos los de José Roa García. 

Alberto Oficialdegui remitiría una carta a Concepción Angulo, hija de aquel que decía lo siguiente:

“Muy Señora mía:

Aunque un poco tarde voy a cumplir con un encargo que me dio su querido padre.

El día 2 del corriente, a la noche, cuando ya salíamos del rosario de la parroquia, me trajeron a la iglesia de Ibero para que yo lo confesara a un señor de edad, que después resultó que era Gregorio Angulo.

Puedo asegurarle a usted que postrado de rodillas ante el confesonario, con una serenidad admirable, impropia de las circunstancias en que se encontraba, hizo su confesión y besó con fervor repetidas veces el crucifijo que para esos casos me sirvo yo.

Después de confesado me pidió como favor que yo hiciera saber a usted cómo se había confesado y cómo iba a morir fusilado. 

No le he escrito a usted antes, porque tanto a los que intervienen en el fusilamiento como a nosotros nos prohíben comunicarnos con las familias de los muertos; por ese escrúpulo, he dejado pasar tantos días de cumplir el encargo de su querido padre; pero como es algo sagrado el encargo que un penitente hace a la hora de su muerte, por eso quiero cumplir sin dejarlo para más tarde.

Sírvale a usted como lenitivo a su dolor que ha muerto cristianamente.

Primeramente lo llevaron a confesar a Echauri, pensando enterrarlo en el cementerio de ese pueblo; pero como el párroco de Echauri no se encontraba lo trajeron a Ibero, donde se confesó, murió y fue sepultado.

Acompaño a usted en el dolor profundo que no hay duda sentirá por haber muerto su querido padre de un modo tan desdichado y creáme que desde aquel día le encomiendo en mis pobres oraciones.

Esa dirección que pongo en el sobre es la que me dio su padre si mal no recuerdo.

Aprovecho la ocasión para ofrecerme a Usted” (Ángel García-Sanz Marcotegui, Los “obreros conscientes” navarros. Gregorio Angulo (1869-1937), Pamplona, Fundación Juan Jose Gorricho/UGT, 1999, pp. 289-290). 

A pesar de que el ejemplo reseñado es suficientemente ilustrativo como para pensar que quizás en los archivos parroquiales no haya nada que permita la localización de fosas comunes, quizás no estaría de más que las autoridades pertinentes ordenaran una búsqueda exhaustiva en esos fondos documentales, así como en los del Obispado, de cara a la localización de información al respecto. 

Estas últimas afirmaciones nuestras tiene base documental. Recordemos que en una carta remitida por el nacionalista Manuel de Irujo al republicano de izquierdas David Jaime Deán, residente en Cambó, el 27 de septiembre de 1946, y que acompañaba a un listado de los fusilados en Navarra que publicamos como Anexo en Sin Piedad, aquel escribía 

“Amigo Jaime:

Le incluyo a Vd. la relación nominal de fusilados de Nabarra. Conviene que por los medios que la Comisión Permanente del Consejo de Nabarra tenga en su mano, esta relación se complete rectificándola cuanto sea preciso. Me aseguran que la única persona que cuenta con una lista completa de fusilados es el Obispo. La ha confeccionado con los datos que le dieron los Párrocos y la guarda en su caja fuerte. Una de las primeras labores de cualquier organismo internacional que se precie de responsable es la de averiguar la verdad. Se ha asegurado que en Nabarra se mataron 15.000 hombres. La cifra parece exagerada. La estimación que hoy tengo, por los datos que le incluyo en la adjunta lista y por otros que he ido recogiendo, permiten reducir la cifra a unos 3.000. Si nosotros llegásemos a adquirir la certeza de esta segunda impresión, tenemos el deber de darla a conocer. Yo tendría mucha satisfacción si esto lo hiciera el propio Consejo de Nabarra. Y a este respecto no he de ocultar a Vd. que como navarro celebraría mucho que no fueran 15.000, sino 3.000 los asesinados, y ya son bastantes”. 

Asimismo, en otra carta que Irujo envió a Jaime el 4 de octubre del mismo año de 1946 aquél mencionaba: “Estoy conforme con las apreciaciones de Vd. en relación con la lista de fusilados; lo que trato de hacer es rectificarla y completarla todo lo posible. Creo haberle dicho que quien tiene la lista es el Señor Obispo de Pamplona. Trato de sacársela; veremos si logro lo que me propongo. Estimo que este asunto merece la pena de que Vds. yo y todos hagamos lo posible por conocer la verdad. Tenemos el deber de llegar a la máxima exactitud posible, para los fines que Vd. mismo dice en su carta”.

De las informaciones que se recogen en esas dos cartas se desprenden varios extremos a remarcar. En primer lugar, la relación de fusilados de 1946 de la que estamos hablando fue elaborada por los servicios de información del PNV y su finalidad era para ser remitida a organismos internacionales cuando el listado se completara mediante la incorporación de informaciones procedentes de otros agentes, el principal de ellos, el Consejo de Navarra. En segundo lugar, Irujo era conocedor del carácter incompleto de las cifras de asesinados que suministraba dicha relación, avanzando, tras sumar a aquéllas las obtenidas por sus propias fuentes, una estimación del número real de fusilados en torno a los 3.000. En tercer lugar, Irujo aseguraba que el obispo de Pamplona (seguramente Marcelino Olaechea, aún cuando ya había sido nombrado obispo de Valencia el 17 de febrero de 1946) disponía, a buen recaudo, de una relación de fusilados elaborada con las informaciones que le habían suministrado los párrocos. Es posible que, al menos parcialmente, algunos párrocos filtraran las informaciones suministradas a su superior también a los servicios de información de los nacionalistas vascos o que éstos consiguieran hacerse con parte de los informes facilitados por aquéllos. En cuarto lugar, parece ser que hubo peticiones de acceso a las informaciones relativas al censo de fusilados en manos del obispo por parte del PNV que, por lo visto, no habrían fructificado.

Tantísimos años después no sería un demérito de las autoridades episcopales referirse al tema planteado.








miércoles, 30 de agosto de 2017

ASESINATOS POLÍTICOS EN GAZTELU Y EN EL PAÍS DEL BIDASOA.




Repetidas veces me he referido a las deficiencias de la gestión de la memoria de la limpieza política desarrollada en Navarra por el bando golpista. He insistido en la ausencia de un relato íntegro de lo sucedido que, por un lado, pondere adecuadamente sus dimensiones y aspectos formales y que, por otro, vaya más allá de las víctimas, abarcando también a los victimarios. 

Esas deficiencias también son predicables a la gestión de la memoria de los bárbaros asesinatos de Juana Josefa Goñi Sagardía y de sus seis hijos en Gaztelu a finales de agosto de 1936 tras haber sido expulsados del lugar quince días antes por la mayoría de los vecinos. Unos asesinatos ciertamente icónicos tras recuperarse finalmente sus restos por un equipo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi en octubre de 2016 en la sima de Legarrea a donde los cadáveres fueron arrojados, y evidenciarse así la verosimilitud de los rumores difundidos desde el mismo momento de los hechos.

El signo más evidente de lo que estamos diciendo es el hecho de la ausencia de Juana Josefa Goñi y de sus hijos en el listado oficial de víctimas de la limpieza política registrada en Navarra, cuando estaban presentes en los listados no oficiales anteriores. A fecha de finales de agosto de 2017 siguen sin figurar en la Base de Datos del Fondo Documental de la Memoria Histórica en Navarra, elaborado por investigadores del Departamento de Geografía e Historia de la UPNA. Con lo que están excluídas del status de víctimas de la brutal limpieza política impulsada por requetés, falangistas y autoridades militares en 1936-1937 y que se llevó por delante en nuestra tierra a más de tres millares de simpatizantes de fuerzas opuestas a ellos, esencialmente izquierdistas.

En mi reciente libro Muertes oscuras. Contrabandistas, Redes de Evasión y Asesinatos Políticos en el País del Bidasoa 1936 he aportado suficientes informaciones que inducen a pensar que los asesinatos de Gaztelu fueron de raíz ideológico-política, pudiendo insertarse en la cadena de asesinatos políticos, y de otros acontecimientos de naturaleza represiva, que tuvieron lugar en la zona aquellos mismos meses, así como meses después. En él me he esforzado por complementar, a partir de una información exhaustiva en archivos de todo tipo, las pobres y sesgadas informaciones que sobre el crimen de Gaztelu proporciona el respectivo sumario, incoado a partir de agosto de 1937 y que se prolongó durante nueve años. Aunque constituye la única causa abierta en Navarra en relación con personas desaparecidas durante aquellos años, el sumario se ciñó al hecho de la expulsión y nunca investigó el hecho de los asesinatos, siendo procesados la mayoría de los vecinos por el delito de coacciones. Al igual que sucede con todos los procedimientos judiciales civiles o militares vistos en aquel libro, ese sumario debe ser contemplado con precaución dado que los relatos de los testigos o inculpados presentes en él, así como la actitud de los jueces y abogados, están afectados por sesgos ligados al afán de encubrimiento y a las dobles intenciones. 

En mi libro me he preocupado asimismo por profundizar en los episodios represivos vividos en la comarca durante aquellos meses, y en todo el periodo hasta el final de la guerra e incluso después, por los que fueron castigados los escasísimos ugetistas y republicanos de la misma, así como también, aunque en menor medida, los nacionalistas, estos últimos mucho más abundantes. En mi repaso se comprueba bien a las claras la responsabilidad de los denunciadores carlistas de la comarca, los únicos en ella. No dejan de estudiarse en él las peculiaridades del país del Bidasoa: los contrabandistas, al apoyar redes de paso de armas, documentos, billetes estampillados y de evasión de izquierdistas y nacionalistas, conformaron una realidad sumamente compleja que afectó a varios casos, también al de Gaztelu, haciendo que los sumarios incoados solamente contemplaran los bordes de aquella. 

El mismo asunto de Gaztelu no sería ajeno a esas tramas del contrabando. El mismo Pedro Sagardía Agesta, esposo y padre de los asesinados, sería tildado de “espía” en varias ocasiones a lo largo del sumario, lo que debe ser interpretado en el sentido de que no era un desafecto pasivo, sino un izquierdista activo en labores en contra del bando golpista. Eso no es nada sorprendente sino que se relaciona con los vínculos familiares de aquel: Ramón Zozaya, el marido de Petra Goñi, la hermana de la mujer de Pedro Sagardía, era concejal ugetista en Doneztebe/Santesteban desde abril de 1933. Estuvo encarcelado durante siete meses, del 25 de julio de 1936 a enero de 1937, en el depósito municipal del pueblo junto con otros cinco izquierdistas, y se salvó de milagro de una saca colectiva. Por otra parte, el abogado de la acusación que tratará de llevar la investigación de forma realmente inquisitiva estaba relacionado estrechamente con personalidades importantes del contrabando de la comarca que fueron objeto de sumarios militares y de cárcel por contrabando de billetes estampillados y por redes de evasión tras haber sido denunciadas con toda seguridad por los requetés de la zona. En esas redes participaron personas del mismo Gaztelu y de los pueblos cercanos. Una persona, María Maz Alberro, cuyo padre y hermano serían encarcelados en la Prisión de Pamplona el 24 de julio de 1936 por conducir a Francia a izquierdistas, sería juzgada año y medio más tarde por el mismo motivo: en el sumario los informes se refieren a ella en parecidos términos con los que se acusó a Juana Josefa, relativos a su conducta inmoral y a su afición al robo en huertas. 

Tal y como dice Kalyvas, el máximo experto en la violencia política en la retaguardia de las guerras civiles, en asuntos como el referido el investigador no puede limitarse a las informaciones del sumario sin profundizar en sus limitaciones ni en las razones de estas y sin complementarlas con todos los datos relativos a la persecución de desafectos en el entorno y a la personalidad de los perseguidores y de los inductores. Semejantes crímenes no pueden ser interpretados solamente como resultado: hay que verlos como proceso. Menos todavía se pueden contemplar como resultado de una locura colectiva ya que entonces se les despoja, “de todo significado que vaya más allá de su finalidad”, se contemplan solamente los efectos y no las causas, sólo se constata condena en vez de explicación.

No cabe mejor homenaje a Juana Josefa Sagardía y a sus hijos que el reconocimiento de su status de asesinados políticos, status que nunca se les debería haber hurtado. Tampoco cabe mejor homenaje que su tratamiento conjunto con todos los asesinados políticos de la comarca (ugetistas, republicanos y abertzales) de acuerdo con una gestión integral de la memoria que contemple también a sus victimarios requetés, todo ello con una finalidad pedagógica para las generaciones actuales. Algo que sería deseable que, más de ochenta años después, los ayuntamientos de la zona y el Gobierno de Navarra acometieran de forma diligente.

martes, 13 de junio de 2017

CITADO DE PASADA EN EL CONGRESO. PLURINACIONALIDAD Y ELITES EXTRACTIVAS








En la intervención de Pablo Iglesias en la moción de censura de hoy se hace una mención a Navarra y se me cita expresamente, Se puede ver en https://www.youtube.com/watch?v=phqmsEh-zns entre las 5 horas 23 minutos y 58 segundos y las 5 horas 24 minutos y 30 segundos. La mención es dentro del apartado que el líder de Podemos ha dedicado a la cuestión plurinacional.

La mención, supongo yo, guarda relación con una de las entradas de mi blog referido a las élites extractivas en nuestra comunidad. 

El enlace con esa entrada esta aquí: http://elblogdefernandomikelarena.blogspot.com.es/2012/09/elite-de-poder-y-elite-extractiva-en.html. 

viernes, 27 de enero de 2017

SARTAGUDA, EL PUEBLO DE LAS VIUDAS



Sartaguda, localidad situada al sur de la merindad de Estella en la subcomarca de la Ribera Estellesa, fue el municipio más castigado por la durísima limpieza política realizada por el bando golpista en Navarra. Es un pueblo sumamente representativo de lo que sucedió en el conjunto de la Ribera, zona en la que en solamente unos pueblos, como aquel, el Frente Popular ganó al Bloque de Derechas en las elecciones de 1936, pero que era el ámbito geográfico en donde la izquierda tenía, con mucho, más presencia. El tercio meridional de Navarra concentró el 59 por ciento de los 3.000 asesinados navarros a o residentes en la provincia. 

Los 84 asesinados de Sartaguda, según se vió en el libro Sartaguda 1936. El Pueblo de las Viudas (Pamplona, Pamiela, 2008) que publicamos en 2008 junto con José María Jimeno Jurío, erige a dicha localidad en el pueblo mártir por excelencia, con una tasa de 67,6 asesinados por cada mil habitantes, muy por encima del grupo de tres localidades que también sobrepasaron los 30 asesinados, Cárcar (33,1), Lodosa (31,7) y Mendavia (30,1), las tres localizadas en la misma comarca que aquella. Desde otro punto de vista, según nuestros cálculos, en Sartaguda habrían sido eliminados el 40 por ciento de los votantes masculinos del Frente Popular, algo solamente superado en Funes y Marcilla, estas dos localidades con unas tasas algo más elevadas. No hay que olvidar que en el conjunto de la Ribera Estellesa habrían sido asesinados uno de cada cinco hombres votantes del Frente Popular, en la Ribera Central uno de cada seis y en la Ribera Tudelana uno de cada diez. Fueron auténticas limpiezas políticas, por tanto, en los que los simpatizantes de las izquierdas fueron auténticamente masacrados. 

En Sartaguda prácticamente todo el término municipal era del Duque del Infantado. El administrador del duque cedía la tierra a los vecinos a renta según criterios de discrecionalidad y parámetros no igualitarios. Mientras que el 25 por ciento de las unidades familiares carecía de tierra cedida a renta y otro 17 por ciento cultivaba fincas pequeñas, había sectores de medianos y grandes renteros que cultivaban mucha más tierra de lo que representaba su peso demográfico. 

Las marcadas desigualdades en los parámetros de cesión de tierra arrendada por parte del administrador del Duque motivaron que los campesinos más damnificados, en unión de los campesinos arrendatarios medianos, impulsaran desde 1919, fecha en la que surgió un sindicato ugetista, medidas de rechazo de la subida de la renta de la tierra, así como medidas políticas de presión desde el ayuntamiento, tratando que el Duque vendiera sus tierras a los vecinos. Entre 1919 y 1923 los juicios por impagos de renta a partir de agosto desembocarán en desahucios, detenciones, encarcelamientos, protestas, enfrentamientos con la guardia civil y daños en propiedades. En 1921 el entonces elegido diputado foral Manuel de Irujo intentó negociar infructuosamente ante el propio Duque la compra del pueblo para su reparto ulterior, lo que al final tendría lugar dos décadas más tarde. El conflicto llegó a su cénit a finales de 1922 cuando muchísimos vecinos corrieron el riesgo de ser desahuciados. Finalmente, por un acuerdo de 1923, en el que el Duque cedió muy poco a cambio de la desarticulación del movimiento societario, finalizó aquella etapa de tensiones. 

Durante la República el conflicto se modificó en cuanto que los renteros medianos cambiaron de posicionamiento. Ahora, los arrendatarios que llevaban, gracias al tratamiento favorable hacia a ellos por parte del administrador, explotaciones grandes y medianas se posicionan en el bando de la derecha. Enfrente, se situarán los renteros con explotaciones de menor tamaño y los jornaleros, consiguiendo estos durante la mayor parte del periodo dominar el ayuntamiento. Los posicionados en la derecha no defenderán tanto las prerrogativas del duque, sino su propia situación socieconómica, comparativamente mejor que la de quienes, a causa de la voluntad discriminatoria del administrador, tenían que conformarse con el cultivo de menos tierra o la de quienes debían de vender su fuerza de trabajo para poder subsistir. Por contra, la izquierda, que gobernó el ayuntamiento durante la mayor parte del periodo republicano, no se cansará de exigir la cesión de tierra para los más necesitados. Destacará en ese sentido la gestión del alcalde Eustaquio Mangado, llegando a obtener logros sustantivos.

En Sartaguda la limpieza política se abatió esencialmente sobre unos segmentos de edades concretos: el 41 por ciento de los hombres de entre 25 y 29 años fueron exterminados, llegando esa proporción al 49 por ciento entre los hombres de entre 30 y 34 años. Por lo tanto, fueron los hombres cuya actitud reivindicativa se desarrolló durante la Segunda República los más afectados. Fueron los jornaleros en general, pero sobre todo, los jornaleros de las generaciones entre 20 y 39 años, los que sufrieron en sus carnes la mayor parte de la matanza. La proporción de jornaleros asesinados sobre el total de personas asesinadas por tramos de edades ascendió a cuatro de cada cinco en el tramo de 25 a 29, a tres de cada cuatro en los tramos de 20 a 24 y de 35 a 39 y a tres cada cinco en el tramo de 30 a 34. Además, los jornaleros asesinados representaban una porción cuantiosa de los jornaleros totales. En los tramos de edad de 25 a 29 y de 30 a 34 fueron eliminados uno de cada dos braceros. La mayoría de los asesinados a partir de los 25 años eran cabezas de familia con mujeres y/o hijos a su cargo. 

Por consiguiente, queda claro que la limpieza política tuvo como objetivo esencial a los jornaleros jóvenes, casados hace relativamente poco tiempo y con hijos de corta edad, que tenían, a causa de sus circunstancias vitales, necesidad de cultivar más tierra de aquélla a la que podían optar por el momento porque, según los mecanismos sucesorios vigentes en relación con las unidades de explotación, debían de esperar a que sus padres y suegros se hicieran realmente mayores o fallecieran para así poder acceder al cultivo de la totalidad de las parcelas que ellos llevaban a renta. 

La mayor parte de los componentes de las juntas directivas de la Sociedad de Trabajadores de la Tierra, adscrita a la UGT, sería asesinada. De los 143 afiliados de la UGT que hemos encontrado en una lista de 1932 serían asesinados 45, perdiendo la vida en el frente 4. También fueron aniquilados casi todos los cenetistas. 

La limpieza política registrada en Sartaguda fue más abyecta si cabe si consideramos el hecho de que algunos clanes familiares padecieron la violencia asesina en una magnitud ciertamente espectacular. En la familia del alcalde, por ejemplo, hemos contabilizado once parientes asesinados. Para otros cinco clanes los datos son, asimismo, espantosos. 

También hay que hablar de lo apropiado de la denominación Pueblo de las Viudas para la localidad. Si en 1935 se contabilizaban 12 viudas por debajo de los 55 años, en 1940 se computaban 59. Si en la primera fecha había solamente una viuda de menos de 40 años, en la segunda se relacionaban 40. Además de la dura situación material en que quedaron las viudas de los asesinados, muchas de ellas añadieron al dolor por la pérdida de los seres queridos el agravio de ser rapadas en público y de ser humilladas ante los vecinos. 

En cuanto a los victimarios, el análisis de los perfiles de los miembros de la Junta Local de Guerra de Sartaguda muestra que en el caso de cuatro de ellos se detecta su presencia en las juntas directivas de las agrupaciones y secciones locales de partidos políticos fomentadas por la derecha sartagudesa durante la Segunda República. Esas personas habían coincidido en su militancia en esas agrupaciones locales con algunos de los miembros de la corporación municipal surgida de la legalidad golpista el 31 de julio de 1936. Por consiguiente, aunque entre las personas del ayuntamiento franquista designado por los sublevados y que gobernaron el pueblo varios años no había ninguna que estuviese directamente en la Junta de Guerra, sí que se evidencian conexiones entre quienes estuvieron en ese órgano y quienes fueron ediles de la corporación sartagudesa a nivel de militancia compartida en las mismas secciones locales de formaciones políticas. Además, algunos testimonios de las entrevistas indican que hubo connivencia entre el presidente de la Junta de Guerra y el alcalde Víctor Cordón. Por otra parte, Víctor Cordón y el médico Luis Bastero habrían conducido a Zaragoza a los alistados forzosos del tercio de Sanjurjo en cuyo fusilamiento colectivo en octubre en el cuartel fueron asesinados una cuarentena de sartagudeses. La responsabilidad en la tragedia del párroco y de los números del puesto de la Guardia Civil también aparece citada en los testimonios. 

Lo más chocante es que tras la guerra la Diputación Foral satisfizo las reivindicaciones realizadas por la izquierda sartagudesa desde 1919, adquiriendo las tierras del Duque e impulsando un proceso de reparto que benefició a los pequeños y medianos renteros que en 1945 se convertían en propietarios. Las viudas de los asesinados no quedaron excluídas de este proceso, pero tampoco obtuvieron ninguna recompensa especial, entendiendo como tal el hacerse con más tierra que la media, que les satisficiera del dolor y del sufrimiento experimentado. 25 años y 84 asesinados después, la Diputación franquista se hacía eco de los planteamientos de Manuel de Irujo de 1921.